La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expuso antecedentes de empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, así como contratos por más de 2 mil millones de pesos asignados entre 2015 y 2023 por organismos electorales locales.
Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los resultados de una investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre el origen y las operaciones de un grupo de empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante varias décadas han participado como proveedoras de material electoral.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, de acuerdo con la investigación basada en fuentes abiertas, existen antecedentes de relaciones empresariales y contrataciones con organismos electorales desde hace aproximadamente 27 años. También indicó que estas empresas incrementaron su participación en el mercado electoral entre 2014 y 2023.
Sheinbaum consideró necesario transparentar los procedimientos de adquisición de material electoral y revisar los contratos otorgados, por lo que señaló que las posibles irregularidades deberán ser investigadas por las autoridades fiscalizadoras y ministeriales correspondientes.
La presidenta también anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, mediante una mayor participación de dependencias federales, instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta última en calidad de observadora. El objetivo es impulsar la fabricación de material electoral en esta empresa pública y adquirir otros insumos con proveedores mexicanos.
La investigación identifica contratos por más de 2 mil millones de pesos
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una cronología sobre los antecedentes laborales y empresariales de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, desde su paso por dependencias federales durante la década de 1980 hasta su participación como proveedores de organismos electorales.
De acuerdo con la funcionaria, entre 1983 y 1988 ambos estuvieron relacionados con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, algunos de sus vínculos laborales se extendieron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La exposición también incluyó la constitución de distintas empresas relacionadas con los hermanos. Entre ellas se mencionó Cartonera Plástica, creada en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, constituida en 1992.
Buenrostro explicó que en 1999 Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México y que, en 2005, obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos con el instituto electoral de esa entidad.
Según los datos presentados, entre 2015 y 2023, empresas vinculadas con los hermanos obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Posteriormente, durante 2024 y 2025, la misma red empresarial habría conseguido adjudicaciones por 646.3 millones de pesos en 15 organismos electorales estatales. El Economista+1
Señalan presuntos vínculos políticos y administrativos
La investigación también expuso coincidencias entre antiguos funcionarios públicos y personas relacionadas con el partido político SOMOS.
Buenrostro identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como una figura relevante en los antecedentes laborales de los hermanos Hernández Casillas, al haber sido su superior en dependencias federales. También señaló que posteriormente coincidió en dicha organización política con exintegrantes del INE, entre ellos Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
En relación con el periodo de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la falta de lineamientos que evitaran la concentración de contratos electorales en un mismo grupo de proveedores.
No obstante, la mandataria sostuvo que las posibles irregularidades deben ser revisadas por las instancias competentes y que las responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
ASF y Fiscalía deberán revisar posibles irregularidades
La titular de Anticorrupción explicó que, debido a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, corresponde a sus órganos de control y a las instancias fiscalizadoras revisar las contrataciones y determinar si existieron faltas administrativas.
En ese sentido, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá identificar posibles irregularidades y, de ser necesario, promover las sanciones correspondientes o presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analiza mecanismos para prevenir que este tipo de esquemas se reproduzcan en las dependencias de la Administración Pública Federal.
Con estas acciones, el Gobierno de México plantea fortalecer la transparencia en las adquisiciones electorales y revisar los mecanismos de contratación de proveedores, particularmente de cara a los próximos procesos electorales. La Jornada+1
