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Reforma laboral prometía juicios rápidos, pero trabajadores en Puebla denuncian largos retrasos

Aunque la reforma laboral de 2019 fue presentada como una solución para agilizar la justicia en México, en Puebla trabajadores continúan enfrentando procesos que tardan meses e incluso años en resolverse, pese a que la ley establecía tiempos máximos de hasta seis meses.
Diversos casos evidencian retrasos en audiencias, sentencias y acuerdos laborales, situación que afecta económicamente y emocionalmente a personas que quedaron sin empleo mientras esperan una resolución.

Trabajadores denuncian procesos lentos y desgaste económico

Uno de los casos es el de Israel Picazo López, quien asegura haber sido despedido tras más de tres décadas de trabajo en las armadoras Volkswagen y Audi.

El trabajador señaló que su proceso laboral lleva más de un año sin solución definitiva, mientras enfrenta dificultades económicas y complicaciones familiares derivadas de la pérdida de ingresos.

Otro caso es el de Eduardo Alejandro Coronel Gutiérrez, extrabajador de Telcel, quien denunció que, pese a que su audiencia de juicio se realizó desde noviembre de 2024, hasta ahora no existe una sentencia definitiva.

Según relató, los retrasos han afectado incluso su salud y situación financiera.
En tanto, Norman Castro Campos, ex trabajador de Planet Fitness, aseguró que el proceso avanza lentamente debido a trámites burocráticos y largas esperas para acceder a audiencias y atención jurídica.

Abogados señalan rezago y falta de personal

De acuerdo con el abogado laboral Alan Ortega Rodríguez, uno de los principales problemas del sistema es la falta de infraestructura y personal suficiente para atender la carga de trabajo que existe en los tribunales laborales.

Explicó que además del rezago acumulado, todavía persisten prácticas que prolongan los procesos, así como trámites administrativos relacionados con instituciones como el IMSS e Infonavit que generan más demoras.

Reforma laboral buscaba terminar con juicios interminables

La reforma laboral de 2019 tenía como uno de sus principales objetivos reducir significativamente los tiempos de resolución de conflictos laborales y evitar juicios que duraran años.

Sin embargo, trabajadores y especialistas consideran que en la práctica todavía existen fallas estructurales que impiden cumplir con los plazos prometidos.

Mientras tanto, personas que iniciaron procesos laborales continúan enfrentando incertidumbre económica, falta de ingresos y desgaste emocional mientras esperan justicia.

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