La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los 5.8 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de pesos) recuperados por el Estado mexicano tras el litigio por el caso de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg se destinarán a planteles de Educación Media Superior y Superior en la Montaña de Guerrero.
Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la titular del Ejecutivo Federal destacó la trascendencia de este proceso de restitución de bienes:
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero (…); media superior y superior y, si también requiere, la educación básica. Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sentencia histórica en Florida y resultados del combate al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, detalló los alcances del juicio civil promovido en la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, el cual derivó en una sentencia condenatoria el 19 de mayo de 2026.
Derivado de dicha resolución, el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió formalmente 5 millones 805 mil 693.50 dólares procedentes de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas a la familia Weinberg.
Los aspectos técnicos del caso e indicadores de la UIF reportados durante la sesión contemplan:
- Esquema de desvío: La red operada entre 2008 y 2018 mediante contratos con sobreprecio acumuló un desvío estimado en 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
- Avance de liquidaciones: La UIF confirmó que continúa pendiente el proceso de liquidación de activos adicionales a favor del erario público federal.
- Bloqueos e inmovilización de cuentas: Durante la actual administración federal, la UIF ha incorporado a 2,395 personas a la lista de bloqueos e inmovilizado 24,622 cuentas bancarias por un valor de 8,670 millones de pesos, de las cuales 7,861 pertenecen a grupos del crimen organizado y 1,443 a redes vinculadas al delito de extorsión.
Con esta reasignación presupuestal, el Gobierno de México consolida un precedente de recuperación patrimonial para invertir recursos procedentes de la corrupción en infraestructura educativa pública.
