La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma constitucional que busca obligar a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o Jefatura de Gobierno a renunciar de forma expresa a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura.
Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria enfatizó que la medida busca garantizar la soberanía y evitar conflictos de interés en el ejercicio del servicio público de alto nivel:
“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad… para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo”, sostuvo la titular del Ejecutivo Federal.
Modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el marco constitucional actual genera vacíos de interpretación entre los artículos 32 y 82, por lo que resulta indispensable precisar las reglas de elegibilidad para los titulares de los ejecutivos federal y estatales.
Los puntos centrales planteados en la iniciativa constitucional contemplan:
- Renuncia previa al registro: Los aspirantes deberán formalizar la renuncia a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
- Prohibición de actos de ciudadanía extranjera: Quien ejerza el cargo tendrá estrictamente prohibido utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos en otros países o acogerse a protección diplomática exterior.
- Residencia y origen: Se mantiene la exigencia de ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años.
- Sanciones y leyes secundarias: La contravención de estas reglas será sancionada bajo el Título Cuarto de la Constitución. Además, tras su aprobación, se adecuarán las reglas procedimentales en la Ley de Nacionalidad.
Esta propuesta legislativa busca blindar la toma de decisiones públicas y reafirmar la lealtad exclusiva a la patria por parte de los gobernantes del Estado mexicano.
